REPORTAJE ESPECIAL
Los ídolos de la lucha libre mexicana son vapuleados a diario, pero por los promotores y las empresas. Los deportistas no reciben ninguna prestación de ley, y desde hace algunos años les toca combatir hasta por su nombre: los consorcios –particularmente la AAA– registran los apelativos de los luchadores y los atletas se quedan en la pobreza y sin identidad. Fue el caso de Octagón, que actualmente pelea en los tribunales y busca crear un sindicato de gladiadores.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Desde hace años, decenas de luchadores profesionales se encuentran en el desamparo: sin derecho a seguro médico, de vida o de desempleo, prima vacacional, reparto de utilidades, aguinaldo, pago de cuotas al Infonavit ni aportaciones para el retiro, ahora les toca combatir hasta por su identidad.
En el país, dedicarse a la lucha libre equivale a arriesgar la integridad física a cambio de casi nada: el pago mínimo es de 50 pesos por lucha –pero está sujeto a la voluntad del empresario– y la única gratificación anual que los luchadores reciben del promotor es un pavo cada Navidad.
En este entorno, los atletas libran otra batalla fuera de los cuadriláteros: la pugna por los derechos del nombre del personaje. Es grande la lista de figuras que han abandonado las filas de la empresa Asistencia, Asesoría y Administración (AAA) por diferendos al respecto.
La historia de Octagón se relaciona con este caso. Este ídolo marcó una época y fue la principal figura de AAA –también conocida como Promociones Antonio Peña, S.A. de C.V.–, a la que prestó sus servicios durante 22 años. El peleador fue incluso uno de sus tres fundadores, junto con Antonio Peña, ya fallecido, y el luchador cubano Konnan El Bárbaro.
A finales de 2014, Octagón “causó baja” de la AAA, y el 5 de diciembre de ese año demandó a la compañía por despido injustificado en la Junta Especial Número 19 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México (expediente 378/2014). En ese momento le informaron que el nombre de su personaje no le pertenece.
En 1996 –y sin consentimiento del atleta– su entonces socio Antonio Peña Herrada tramitó en el Instituto Mexicano del Derecho de Autor (Indautor) la reserva de derechos para uso exclusivo relativo al personaje Octagón, a favor de la persona moral Promociones Antonio Peña, S.A. de C.V., constituida el 18 de abril de 1995.
Pelea sin límite de tiempo
“Soy Octagón desde 1989, cuando ya era una estrella. ¿En qué momento Promociones Antonio Peña se hizo del nombre de mi personaje? No puede ser dueña de algo que no le corresponde. Además, soy fundador de esa empresa, en los noventa. Nada más hay que cotejar las diferencias de las fechas: no se puede ser tan ingenuo para aceptar que alguien pretenda ostentarse como propietario de la reserva del nombre. En la actualidad, muchos peleadores pelean por ese derecho, y no son los primeros a los que les sucede esto”, reclama el afectado.
Octagón ahora pide a la AAA una indemnización equivalente a 7 millones de pesos por pagos de salarios caídos, salarios devengados, horas extras, horas extras dobles, vacaciones, prima vacacional –tanto las devengadas como las que se sigan generando durante la tramitación del presente juicio–, comidas y pasajes, reembolso de regalías por publicidad, pago de gastos médicos, bonos, primas y estímulos adeudados.
El enmascarado también exige el pago de los domingos, días festivos y de descanso laborados, reparto de utilidades, prima de antigüedad tanto generada como la que se siga generando durante el juicio; aguinaldo, los 20 días de servicio por cada año laborado, cuantificación de los aumentos que sean aplicables al salario y prestaciones; fondo de ahorro, aportaciones al Infonavit, aportaciones al Sistema de Administración para el Retiro, pago de descuentos injustificados y demás prestaciones.
En respuesta a la querella, Promociones Antonio Peña declaró a la Junta de Conciliación que entre quien encarna al personaje y la empresa “jamás ha existido relación de trabajo alguna, ni el actor en ningún momento ha prestado sus servicios a ella en forma personal, ni mucho menos bajo su dirección y dependencia económica. Es decir, con subordinación, que es el elemento que al final distingue a una relación laboral de cualquier otra”. Por esto, la compañía pide que se le absuelva de todas y cada una de las prestaciones que, “en forma absurda e improcedente”, le han sido reclamadas.
La disputa jurídica por el nombre Octagón arrancó el 18 de febrero de 2015. Veinte meses después (21 de octubre de 2016), el director de Reservas de Derecho del Indautor, Rogelio Rivera Lizárraga, declaró improcedente la solicitud del enmascarado de obtener los derechos del uso exclusivo del apelativo, expedidos en el género de “personajes”, especie “humano de caracterización”, bajo el número 04-1996-000000000008-302 a favor de Promociones Antonio Peña, S.A. de C.V., ahora administrada por Marisela Peña Herrada.
El fallo sobrevino pese a que la parte afectada presentó recortes de notas informativas, películas, videos de sus presentaciones, licencia de luchador que data de 1989 (en la que aparecen el nombre real y artístico del atleta, además de fotos con máscara y sin ella), los contratos de exclusividad firmados desde los noventa con Televisa (que contienen el nombre de pila y ficticio, la firma y las fechas de los convenios) y el pago de regalías de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que recibe desde 1989.
Indautor consideró que el luchador no acreditó la identidad de la persona que está detrás de la máscara y descalificó algunas pruebas porque son posteriores a la fecha del otorgamiento de la reserva, en 1996.
El director de Reservas de Indautor arguyó también que la parte promovente no demostró que antes de ese año el actor le haya dado uso alguno al personaje, “ya que ofrece documentos privados de los que no se puede saber su origen o que sean los eventos en los que efectivamente participó”.
El abogado de Octagón, José Antonio Barrios, se queja: “El Indautor pasó por alto muchas de nuestras probanzas. Vemos parcialidad a favor de la empresa de lucha libre, porque para con ellos sí hay la existencia de las probanzas posteriores a la reserva”.
Según el litigante, el instituto desestimó la licencia de luchador, en la que aparece con su máscara y sin ella. “¿Que no tenemos una forma de probar que el individuo con su nombre de pila es quien porta la máscara? Es erróneo, lo acreditamos y lo vamos a volver a acreditar, sólo que esta vez en los tribunales”.
El pasado 23 de noviembre, Octagón inició en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa un juicio de nulidad en contra de la resolución emitida por la Dirección de Reservas de Indautor.
De acuerdo con el abogado Barrios, el procedimiento está sustentado en el artículo 183, fracción III, de la Ley Federal del Derecho de Autor, el cual establece que la persona que demuestre el uso constante e ininterrumpido hasta antes del otorgamiento de la reserva tendrá mejor derecho y, por lo tanto, podrá anular la reserva posterior.
Historia de atropellos
Entre 1983 y 1987, el gladiador peleaba a cambio de nada en la Arena Apatlaco bajo el nombre de Dragón Dorado. Ese último año se dio a conocer como La Amenaza Elegante y el empresario y exluchador profesional Raúl Reyes le comenzó a pagar con una torta y un refresco.
Esto duró un año. A finales de 1988 el atleta veracruzano se cambió el nombre a Octagón, eligió la indumentaria que lo caracteriza y logró dar el salto a la fama.
El enmascarado subraya que actualmente sigue habiendo luchadores que pelean por nada o casi nada: 50 pesos por función en las arenas de la provincia mexicana. “Ni para los pasajes”, denuncia. Por ello adelanta a Proceso sus intenciones de reactivar y presidir el Sindicato Nacional de Lucha Libre y Réferis Profesionales, que desde hace años dejó de funcionar.
“Sé lo que es esto. Antes, con el nombre de Amenaza Elegante me pagaban con una torta y un refresco; no es posible que en pleno siglo XXI mi compañero vaya a luchar por 50 pesos. Y el vestuario no es nada barato: unas botas te valen entre mil 500 y 2 mil pesos y la máscara te cuesta entre 3 mil y 4 mil pesos”, asienta.
Octagón asegura que ya se cansó de tantos agravios de los empresarios de la lucha libre. “Hay que reactivar el sindicato para que los luchadores protejan sus garantías al subirse a un ring, porque desde ese momento el atleta está desprotegido: si te lastimas, nadie te paga y el promotor ni se inmuta. Encima de la miseria que te pagan tienes que cubrir tus gastos por lesiones, y olvídate del desembolso que realizas para el tratamiento de una fractura”.
Para materializar ese plan, Octagón creó su oficina de representaciones, que funge además como un despacho de asesoría para que los luchadores defiendan sus derechos laborales, reciban asistencia médica e incluso tramiten préstamos para servicios funerarios. “Hasta de eso carecen; no tienen absolutamente ninguna prestación social.
“Tenemos que acabar con ese monopolio (AAA) que extorsiona a los luchadores. El sindicato se encargará de establecer cobros por la primera, la segunda y la tercera luchas, así como por las semifinales y la lucha estrella. Al luchador le tienes que garantizar un pago mínimo de mil pesos por la primera pelea”, asienta Octagón.
Y pone como ejemplo a algunos luchadores independientes (entre ellos L. A. Park, conocido como La Parka hasta que perdió un pleito legal con la AAA por el nombre) que fueron abandonados a su suerte por un promotor de Veracruz. “Con el sindicato evitaremos que el luchador se enfrente al agente y terminen agrediéndose. Nosotros nos encargaremos de hacer todo el papeleo de una función”.
Octagón admite que el Sindicato Nacional de Lucha Libre y Réferis Profesionales dejó de funcionar por el desinterés de sus agremiados, y aclara que el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y la AAA tienen sus propias agrupaciones. “Pero se trata de sindicatos blancos. Falta el gremio de luchadores independientes, que somos la mayoría, con muchas estrellas: Canek, Dos Caras, Los Dinamita, L. A. Park, Máscara Sagrada, Los Villano, Fuerza Guerrera, Doctor Wagner…”.
Extraoficialmente, la oficina de Octagón agrupa a más de 700 luchadores profesionales en la Ciudad de México y al menos a 2 mil en toda la República Mexicana.
Octagón define su despacho como “una promotora de usos múltiples, que lo mismo vende las funciones de sus gladiadores que los guía ante eventuales litigios contra los promotores. En el país hay más de 200 luchadores independientes que no tienen quién los represente, quién los respalde. Cada quien se rasca como puede”.
Y el abogado José Antonio Barrios promete que en dicha oficina se trabajará para el bien del luchador: “Si hay posibilidades de que obtengan algo que les corresponde se actuará de inmediato. De lo contrario, se les hablará con la verdad”.
En septiembre pasado, el Senado aprobó por unanimidad declarar el 21 de septiembre como el Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano, a iniciativa del PRI y el PT, que consideran que esta industria representa una actividad productiva, turística y generadora de empleos.
“¡No manchen! ¿Para qué sirven esas ocurrencias de los senadores? Si en lugar de eso hubieran anunciado un seguro social para los luchadores, me levanto y les aplaudo”, se burla Octagón. “Lo triste es que los luchadores tienen que malvenderse para malcomer. Eso es lo grave y triste”.
Antonio Peña Herrada, conocido como Kahos, falleció en octubre de 2006. Desde entonces, la AAA quedó en manos de sus familiares: Marisela Peña (presidenta), Joaquín Roldán (director general) y Dorian Roldán (vicepresidente), “que no son luchadores y no saben llevar una empresa. Antonio fue luchador y experimentó todo lo que se sufre, lo que hay que viajar, malcomido y desvelado. El trato con sus familiares es muy diferente. No te pagan o lo hacen a destiempo”.
El luchador expresa que por eso emprendió acciones legales. “Basta que esa empresa haga lo que quiera con los luchadores. Es el momento de que levantemos la voz, que los directivos de la AAA respondan.
“Ya estamos cansados de que esa empresa continúe lucrando con algo que no les corresponde, como la reserva del nombre. Otros siete luchadores acaban de abandonar la empresa, la mayoría por la misma situación, porque indebidamente registra los nombres. Tampoco se vale que cuando intentas cobrar te obligan a firmar un papel en blanco que después utilizan para vender los contratos. Todo eso es ilegal y lo vamos a ventilar en los tribunales.
“Fui traicionado por Antonio Peña, porque era mi amigo y mi socio… ahora te puedo decir que vamos a acabar con esa empresa.”
Rechaza que las querellas promovidas en contra de la AAA –con fuertes vínculos comerciales con Televisa– vayan a generarle un enfrentamiento con el consorcio mediático.
–Con Televisa no tengo ningún problema. Acabo de estar en uno de sus programas. ¿Por qué me sigue llevando Televisa? Porque sabe qué clase de persona soy: ahí crecí y nací. Emilio Azcárraga Jean es mi amigo y Emilio Azcárraga Milmo fue mi amigo. No tengo ningún problema. Así diga la AAA lo que diga, sigo siendo de Televisa.
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